El senador colombiano Iván Cepeda anunció este viernes que llevará a instancias internacionales su denuncia de "presiones" a la Justicia por parte del expresidente Álvaro Uribe y su entorno en el caso que se le sigue por presunto soborno de testigos y fraude procesal.

Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria de Uribe, y con la investigación en manos de la Fiscalía que asumió el caso tras la renuncia del exmandatario al Senado, Cepeda dijo que enviará a la alta comisionada de la ONU para los DD.HH. Michelle Bachelet y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que sustenta sus acusaciones.

"Vamos a enviar en las próximas horas un completo informe (...) dando cuenta de todas estas situaciones que en la práctica buscan no solamente una presión sino incluso incitar a la violencia por parte de Uribe y sus seguidores", expresó Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, en una rueda de prensa.

El 12 de agosto el propio Cepeda había pedido a la CIDH y la ONU que instaran al Presidente Iván Duque, a que "cese cualquier acto de interferencia o presión" contra las decisiones judiciales en el proceso contra Uribe, su mentor político.

Este proceso contra el exmandatario comenzó en 2012, cuando demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una a Uribe por presunta manipulación de testigos.

Argumentos de Cepeda 

Según el senador, contraparte de Uribe en el proceso, el exmandatario y su familia; el partido derechista Centro Democrático, del cual es fundador y del que hace parte el presidente Duque, y "el propio Gobierno" han realizado "una infame campaña contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".

"Uribe no tuvo ningún recato para tildar a los magistrados y a la Corte de ser mafiosos y secuestradores", expresó.

Igualmente señaló que el Gobierno de Duque "ha sido puesto al servicio de esta operación para lapidar a la Corte Suprema y a sus magistrados", y añadió que pedirá a la Procuraduría (Ministerio Público) que investigue a 16 congresistas del Centro Democrático por "abuso de funciones".

Esto porque en su opinión, esos legisladores, cuyos nombres no mencionó, "han presentado solicitudes, el 24 de agosto y el 1 de septiembre, valiéndose del recurso al derecho de petición y utilizando la investidura de congresistas para intentar obtener información que no guarda ninguna relación con mis funciones públicas".

Cepeda también afirmó que hay contratada "una agencia de 'lobby' publicitaria en EE.UU. que ha comenzado una campaña con el nombre de 'Free Uribe'".

"Es una campaña que ha hecho su inauguración con una extensa nota en la cual se me cataloga de aliado de terroristas. Estamos estudiando cómo proceder a esa campaña difamatoria en Estados Unidos", expresó.

Fiscal para el caso 

Por otra parte, la Fiscalía colombiana asignó a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial del caso, decisión que ha sido criticada desde diversos sectores por su cercanía con el actual embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, elegido por Duque para ese cargo.

"La selección del fiscal amigo de Ordóñez, hecha por el fiscal (general Francisco) Barbosa, es una verdadera burla a la justicia colombiana y a la humanidad. Tenemos una clase política profundamente degradada y corrupta dirigiendo los distingos de toda la sociedad colombiana y su futuro", expresó el senador opositor Gustavo Petro en Twitter.

Es por ello que Cepeda manifestó hoy que recusará al fiscal elegido, al igual que lo hizo con Barbosa, porque su designación, según explicó, fue una violación de la ley.

"El fiscal Barbosa violó el artículo 62 de la ley 906 de 2004 que dice (...) 'cuando se presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente se suspenderá toda actuación'", manifestó y resaltó que presentó el recurso jurídico antes de que Jaimes fuese nombrado.

Petición de libertad de Uribe 

El pasado 1 de septiembre, los abogados de Uribe pidieron que se levante la orden de detención domiciliaria de su cliente bajo el argumento de que "si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal", como en este caso, "no puede estar una persona privada de la libertad".

Mientras se espera que un juez decida aceptar o rechazar la petición de la defensa del exmandatario, hoy el propio Uribe, que permanece en una hacienda de su propiedad en el departamento caribeño de Córdoba, agradeció "a las personas que han presentado tutelas (recurso de amparo) o recursos de 'habeas corpus' en favor" de su libertad.

Sin embargo aclaró en sus redes sociales: "Quiero pedir que en lo jurídico solamente actúe el equipo de defensa. Mi prioridad es la defensa de mi honorabilidad".

EFE